Esta publicación contiene los "Principios Rectores sobre las empresas y los derechos humanos: puesta en práctica del marco de las Naciones Unidas para 'proteger, respetar y remediar'", que fueron elaborados por el Representante Especial del Secretario General para la cuestión de los derechos humanos y las empresas transnacionales y otras empresas. Estos Principios Rectores deben entenderse como un todo coherente y ser interpretados, individual y colectivamente, en términos de su objetivo de mejorar las normas y prácticas en relación con las empresas y los derechos humanos.
El informe presenta los resultados del monitoreo de licencias mineras, realizado por el Consejo del Pueblo Maya, con el objetivo de proveer información útil, pertinente y actualizada para la toma de decisiones. El documento presenta: La caracterización del contexto político actual, Los minerales metálicos que se busca explotar o ya se están explotando, por departamento, Listado de las personas individuales y las empresas que ya han obtenido licencias mineras, en cada departamento; Análisis comparativo entre la situación de las licencias mineras, de 2014-2016.
El objetivo principal del estudio es determinar qué elementos caracterizan la actividad minera y condicionan su carácter conflictivo, así como los desafíos que se debe enfrentar para resolver la problemática en el futuro. Según el estudio, si continúa la trayectoria actual, la minería de metales en Guatemala estará caracterizada por una presión incremental.
En el presente informe se ofrece un resumen del alcance y los tipos de presuntos abusos de los derechos humanos cometidos por empresas a partir de una muestra de 320 casos publicados en el sitio web del Business and Human RightsResource Center (Centro de Información sobre Empresas y Derechos Humanos) entre febrero de 2005 y diciembre de 2007. Una clasificación inicial de los casos mostró que los derechos humanos se veían afectados en todos los sectores económicos y en todas las regiones del mundo.
El Observatorio de Multinacionales América Latina examina los impactos económicos, políticos, sociales, y ambientales de la de la Mina Cerro Blanco, un proyecto de la empresa canadienseGoldcorpen Guatemala analizando la respuesta de las comunidades afectadas por la minería y las organizaciones sociales, hoy protagonistas de una resistencia enérgicacontra los proyectos extractivos en toda la región.
En este estudio, se incluye un análisis de dos experiencias en el Bajo Aguan que representan un ejemplo de incidencia ciudadana, donde la participación del pueblo organizado hace valer su derecho a decidir por el futuro de su población y de sus recursos minerales, aunque esto pueda tener consecuencias severas y deban enfrentar retos y desafíos para hacer cumplir sus derechos.
Este estudio piloto incluye un análisis detallado a partir del interés de las comunidades locales, el interés de los círculos académicos y políticos. Dos profundos estudios de caso fueron realizados en Indonesia (Kalimantan) y Guatemala analizando degradación ambiental, conflicto social, y los impactos socio-ambientales y respuestas organizativas de las comunidades.
En este informe se enfrentan varios temas relacionados a la minería metálica en El Salvador con particular enfoque al caso de PacificRim y OceanaGold. Además, en este informe se presentan datos donde se clarifica que la ciudadanía de El Salvador ve a la industria minera como un mal negocio para el país.
En este estudio, se analiza el crecimiento de las operaciones extractivas en América Latina debido principalmente a la dependencia de las economías y sociedades de los países industrializados y la acelerada industrialización de los recursos naturales del planeta, provenientes desde más allá de sus propias fronteras, provocando una fuerte presión sobre ecosistemas frágiles y sobre comunidades ubicadas en tierras proveedoras de tales recursos. El estudio incluye casos estudios de varios países de América Latina.
La información contenida en el presente informe se sustenta en la experiencia de las organizaciones de desarrollo y derechos humanos que acompañan a las comunidades afectadas por los proyectos mineros e hidroeléctricos durante los procesos jurídicos y de movilización social, en los resultados de investigaciones puntuales sobre esta problemática y las denuncias públicas de las mismas organizaciones locales y municipales que han asumido la defensa de sus territorios.
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