Los gobiernos de El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua, aprovecharon la emergencia del Covid-19 para promover el desarrollo de las industrias extractivas en la región. Asimismo, los Estados implementaron acciones de criminalización contra los defensores ambientales, quienes se oponían a los proyectos empresariales lesivo con el medio ambiente.

Acafremin, consorcio de organizaciones, realizó una conferencia de prensa para exponer las realidades de los países frente a los proyectos extractivos y la violación de derechos humanos contra defensores de la tierra.