EL 14 de octubre se conmemoró el tercer aniversario de victoria legal que el Estado salvadoreño obtuviese ante la demanda de $250 millones interpuesta por la empresa Pacific Rim / Oceana Gold en el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones, CIADI.

Esta victoria fue un punto de inflexión importante en la lucha que por más de doce años fue liderada por un amplio movimiento de comunidades, organizaciones sociales, grupos religiosos y académicos que demandaban la prohibición de la minería metálica debido a la amenaza que esta representaba a nuestra precaria ecología y la vida misma de las y los salvadoreños.

En marzo de 2017, El Salvador hizo historia cuando la Asamblea Legislativa aprobó de manera unánime la prohibición de la minería metálica. Pero a pesar de contar con leyes que prohíben la explotación minera, todavía faltan los instrumentos técnicos y legales que hagan efectiva su aplicación.

Los temas pendientes para el cumplimiento de la prohibición minera incluyen:  

• El resarcimiento a las víctimas de la violencia provocada por la presencia de empresas mineras en Cabañas, que implique la implementación de alternativas de desarrollo económico en comunidades afectadas por la exploración y explotación minera.
• La investigación y esclarecimiento de los autores intelectuales de la campaña de violencia que generó la muerte de cuatro defensores ambientales en Cabañas.
• Un plan de cierre técnico de minas abandonadas que evite la continuidad de la extracción minera artesanal y provea alternativas económicas sostenibles a la minería en San Sebastián.
• La negociación y aprobación de un acuerdo regional sobre cuencas compartidas para prevenir la contaminación transfronteriza que podría generarse por la implementación de proyectos mineros identificados en Honduras y Guatemala

Ante estas demandas, organizaciones miembros de la Alianza Centro Americana Frente a la Minería Metálica, ACAFREMIN (ADES, CRIPDES y UNES) hacen un llamado a que las instituciones pertinentes del Estado retomen las responsabilidades contempladas en la Ley de Prohibición de Minería Metálica.  Dicho llamado es extensivo y específico a los ministerios de Economía, Medio Ambiente, Relaciones Exteriores y la Fiscalía General de la Republica.

Así mismo, se hace un llamado a las organizaciones de la sociedad civil para que se defienda la ley de prohibición minera permanente y que esta no sea derogada ante ninguna presión empresarial nacional o extranjera. El Estado debe reafirmar su compromiso de mantener a El Salvador como el primer país de la región que prohíbe la industria minera extractivista en todas sus modalidades; y que redoble los esfuerzos para garantizar la protección del medio ambiente y la salud de la población salvadoreña y mantener al país libre de cualquier amenaza minera.

San Salvador, 16 de octubre de 2019